Idear y poner en práctica cualquier proyecto que genere un impacto sobre una determinada comunidad, debe pasar necesariamente por la consulta previa a las poblaciones involucradas. Conozcamos más sobre un proyecto de ley que hará realidad la inclusión de los pueblos históricamente marginados en las decisiones del Estado.
En los últimos años los peruanos hemos sido testigos de cientos de conflictos sociales. Los hechos acontecidos en Bagua (por la explotación de territorios en la Amazonia), en Arequipa (el conflicto por el proyecto Tía María) y más recientemente en Puno (por las pretendidas concesiones mineras en su territorio) son solo una muestra de ello.
Sin embargo, el día de ayer ocurrió un hecho que posiblemente cambiará la historia de muchos pueblos: la aprobación de la Ley de Consulta Previa. Luego de dos largos años de lucha desde su presentación por parte de la Defensoría del Pueblo el día de ayer el Congreso de la República aprobó por unanimidad esta importante Ley. Esta logrará que el Estado respete la opinión de los pueblos indígenas sobre su territorio, su presencia en el quehacer histórico y cultural peruano y su rol vigilante ante la depredación del medio ambiente.
¿Por qué consultar?
Los pueblos amazónicos y las comunidades andinas, forman parte de lo que se denominan comunidades indígenas y originarias del Perú, tal y como se consigna en el libro “Consulta previa: Derecho fundamental de los pueblos indígenas e instrumento de gestión estatal para fortalecimiento de la democracia” (página 75). Son ellos quienes desde siglos han poblado el Perú antes que exista el Estado peruano.
Las montañas, los ríos y los bosques dentro de sus territorios aún conservan su integridad ecológica, ellos los han preservado ya que dependen de estos recursos para vivir. Es su hogar, en el que han depositado sus intereses, sus creencias, sus sueños, su identidad y su propio sistema de vida.
Hoy en día, el Estado ha considerado muchos de estos territorios como centros de interés para la explotación de recursos naturales (petróleo, agua, minerales, gas, etc.) sin preguntar, ni informar previamente a los pueblos indígenas. Y peor aún, sin evaluar cómo estos afectarían su calidad de vida.
Muchas veces esta propuesta de desarrollo capitalista no prevé la protección irrestricta del medio ambiente, por ello, accidentes como el derrame de crudo en el río Marañón ocurrido el pasado junio, pone de relieve que, mientras para el Estado la explotación de recursos puede traer crecimiento y empleo, esto también puede generar la desaparición de los pueblos y un desastre medioambiental, que a la larga, nos afectará a todos.
Para Alejandro Diez Hurtado, antropólogo y consultor en temas sociales y rurales, elaborar un mecanismo de consulta es necesario por dos razones fundamentales:
Por ser el Perú un país de multiplicidad de culturas y grupos humanos con diferentes formas de entender la realidad, de buscar su subsistencia y desarrollo.
Porque un gobierno y Estado democrático debe someter a consulta general, toda política que afecte a una comunidad o a todos.
Entender que no todos los grupos poblacionales que constituyen nuestro país piensan, sienten y viven igual, y que estos tienen los mismos derechos de expresarse como nosotros, es un paso fundamental para comprender lo que, desde los nuestros primeros tiempos como nación independiente, ha sido una realidad viva y latente.
Las comunidades indígenas, desde hace siglos, han sido las grandes perjudicadas, su voz ha sido ignorada, si no es que silenciada. Declaraciones como las del ex presidente Alan García en las que expresa que los indígenas no son ciudadanos de primera clase, lamentablemente ponen de relieve una equivocada percepción de la realidad peruana.
Tendiendo puentes para la integración: la Ley de Consulta Previa
La integración es una palabra clave que puede poner fin a esta escalada de conflictos que no hace más que dividirnos como nación, perpetuarnos en el atraso y en la ignorancia real de no comprendernos y aceptarnos como un crisol de culturas.
Por ello, iniciativas como la Ley de Consulta Previa han sido un primer gran paso al entendimiento, evitando posibles futuros conflictos que, a la larga, solo nos debilitan como país. Será una forma de reivindicar a los pueblos históricamente ignorados y desatendidos y saldar un imperativo moral, como lo expresó el Defensor del Pueblo, Eduardo Vega.
Dicha ley estuvo a punto de ser promulgada, sin embargo, en junio de 2010, el gobierno saliente la observó, por aducir que se debe señalar que si no se logra un acuerdo entre el Estado y las comunidades afectadas, esto no significa que el primero dejará de cumplir su determinación.
Ni bien el actual ministro de Medio Ambiente, Ricardo Giesecke, fue nombrado, prometió que impulsaría su promulgación. Y esto se acaba de hacer realidad la noche del 23 de agosto en que, luego de lograr la votación por unanimidad, el Pleno del Congreso aprobó el texto.
En qué consiste
La Ley de la Consulta Previa tiene como objetivo fundamental involucrar a las comunidades indígenas en las consultas sobre cualquier proyecto de desarrollo e inversión que se pretendan realizar en los territorios y con los recursos naturales que se encuentren en su zona de residencia.
Esta ley se ampara en el Convenio Nº 169 Sobre Pueblos Indígenas Tribales en Países Independientes de la Organización Internacional del Trabajo (OIT), que protege sus derechos, respetando su pensamiento, cultura, idioma y forma de vida.
Para la ejecución de esta Ley, el Estado tendrá que realizar los siguientes pasos:
Determinar la naturaleza del proyecto, ley o medida legislativa o administrativa a consultar.
- Identificar las comunidades a ser consultadas.
- Informar sobre la medida legislativa o administrativa.
- La evaluación interna por parte de los pueblos sobre las medidas que los afectan.
Decisión final, producto del acuerdo entre las partes.
- Establecer un proceso de diálogo entre el Estado y los representantes de los pueblos indígenas u originarios.
Si bien mediante esta Ley los pueblos originarios y nativos no tendrán derecho al veto de una ley, sí tendrán derecho a opinar y lograr junto a las autoridades un consenso que no afecte sus intereses ni los del Estado, y a buscar en conjunto soluciones integrales, que cristalicen el sueño verdadero de una nación que mire hacia el desarrollo desde una perspectiva basada en el respeto mutuo.
@Vigila Amazonia.com
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