Por Diana Renée
Las principales organizaciones del país instaron a la presidente Rousseff a derogar el texto aprobado por la Cámara de Diputados el miércoles. Consideran que, de no hacerlo, el país debe cancelar Río+20 por ser incoherente en sus políticas
Crédito foto: EFE
"El absurdo fue victorioso en Diputados. La mandataria tiene que vetar este Código Forestal. Si no lo hace, lo mejor sería cancelar a la Conferencia de las Naciones Unidas sobre Desarrollo Sostenible porque Brasil se convertiría en el anfitrión más sucio de ese tipo de conferencias", afirmó el encargado del Instituto Socioambiental (ISA), Raúl Telles.
Reconoció, además, que la derrota del oficialismo en la Cámara baja -que rechazó el proyecto defendido por el Gobierno por 234 votos a 184- dejó a Rousseff "en un callejón sin salida", ya que una derogación generará un deterioro en las relaciones entre el Ejecutivo y el Congreso.
"Si lo veta, y tiene que hacerlo, enfrentará una pelea histórica con el Parlamento", reconoció.
El coordinador de la campaña Amazonia de Greenpeace, Paulo Adario, también exigió el veto presidencial del código, al que consideró "un retroceso decisivo que abre el camino al inicio del fin de los bosques de Brasil".
"A Dilma sólo le queda una alternativa. Ella tiene que demostrar a los brasileños que está a la altura del cargo que ocupa y que conquistó al prometer a los electores que no permitiría amnistía a criminales ambientales ni tampoco nuevas deforestaciones", aseguró.
Para los ambientalistas, los diputados de la "bancada ruralista" -que según ellos representan los intereses de los terratenientes- le quitaron al documento el carácter de marco regulatorio de la preservación ambiental, ya que la versión aprobada ofrece amnistía a los responsables de talas ilegales realizadas hasta 2008 y autoriza nuevas deforestaciones.
"El sector ruralista secuestró el proceso político brasileño... El Congreso se rindió al interés particular de unos pocos", sostuvo Adario, quien agregó que la nueva ley también amenaza el cumplimiento del compromiso asumido por Brasil de reducir las emisiones de gases causantes del cambio climático en entre un 36,1 y un 38,9 por ciento hasta 2020.
Según Greenpeace, el nuevo Código Forestal amenaza además "la reputación del país como líder global en la lucha contra la deforestación y el cambio climático" y "pone en riesgo el progreso que demostró en los últimos años a través de su crecimiento económico, exportaciones crecientes y deforestación declinante".
"Todos los ojos estarán puestos en la presidente, cuando elija el camino que recorrerá con miras al desarrollo futuro de Brasil", concluyó la organización ambientalista.
La mandataria todavía no reveló sus planes. Según afirmó este jueves el ministro de la Secretaría General de la Presidencia, Gilberto Carvalho, analizará con "serenidad y sangre fría" el proyecto aprobado por los diputados antes de tomar una decisión.
"Tenemos mucha responsabilidad hacia el país. A la luz de nuestros principios, la presidente tomará su decisión en la hora oportuna", agregó el funcionario, quien participó en Brasilia en un seminario con organizaciones sociales sobre la conferencia Río+20.
Fuente: DPA
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